La máxima corte de Justicia de la Nación dio la razón al estado de Zacatecas al resolver este jueves que los congresos estatales si tienes facultades para comprar un impuesto ecológico.

En un hecho histórico para Zacatecas y toda la República Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la legalidad de los Impuestos Ecológicos impulsados por el Gobierno de Alejandro Tello y aprobados por los integrantes del Congreso local en diciembre de 2016.

Por mayoría de ocho votos a dos en contra, los ministros advirtieron que la Constitución no reserva a la Federación ninguna exclusividad para imponer este tipo de gravámenes a empresas que dañen el ambiente.

La controversia constitucional promovida el 14 de febrero de 2017 por Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, entonces Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, mediante oficio 1.0230/2017, fue la que mando al la SCJN este tema para que fuera analizado a detalle.

En dicho documento, la Presidencia de la República, que en esas fechas estaba encabezada por Enrique Peña Nieto, pidió declarar la invalidez de los artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, y las normas relacionadas a la aplicación de los Impuestos Ecológicos en sus diversas modalidades.

En dicho recurso, el Ejecutivo federal también impugnó el decreto gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal estatal de 2017.

Al analizar el caso y a propuesta de la ministra Norma Piña, los ministros plantearon un análisis fragmentado de este caso.

En primera instancia analizaron, discutieron y votaron, como punto fundamental para resolver el caso, si las entidades de la República tienen facultades para legislar en materia de impuestos ambientales.

El mandatario estatal aclaró que, si bien la SCJN ya validó la facultad del estado para cobrar el impuesto, aún resta por determinar el cómo se realizará este proceso, ya que se contempla que las empresas paguen por emisiones de gases a la atmósfera; contaminación de suelo, subsuelo y agua, así como depósito y almacenamiento de residuos.

También, dijo, falta que el máximo tribunal se pronuncie respecto a los amparos que fueron promovidos por las empresas privadas, pero consideró como un triunfo la resolución de la y los magistrados, ya que colocan a Zacatecas como punta de lanza en materia de responsabilidad ambiental.

Destacó que con la validación de los Impuestos Ecológicos ahora todas las empresas, sin importar su rama de actividad, serán corresponsables con el estado y su población, en la medida en la que contaminen y esos recursos permitirán conservar y preservar el medio ambiente.

El titular del Ejecutivo agregó que con el pago del impuesto no se perderán empleos, no se «ahorcará» a ninguna empresa, ni se afectarán las percepciones de los trabajadores.

Alejandro Tello aclaró que los recursos que se recauden no se destinarán al pago de nómina ni al déficit educativo, pero sí fortalecerán las finanzas estatales para prevenir, conservar y estimular a las empresas, a fin de que no contaminen.