Ante los casos de “montachoques” que se han comenzado a presentar en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para prevenir, identificar y sancionar los fraudes y extorsiones cometidos a partir de hechos de tránsito provocados, simulados o manipulados.
Los hechos reportados se han concentrado principalmente en la zona de Tránsito Pesado, particularmente en los alrededores de Colinas del Padre y El Orito, donde se han advertido casos con características compatibles con esta modalidad delictiva.
La iniciativa, impulsada por Renata Ávila Valadez y Alfredo Femat Bañuelos, plantea reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Código Penal para el Estado de Zacatecas.
La propuesta, denominada “Ley Antimontachoques”, busca que un supuesto accidente deje de ser tratado únicamente como un conflicto vial cuando existan elementos que indiquen que fue utilizado deliberadamente para obtener dinero o algún beneficio económico ilícito.
Estas conductas, explicó Ávila Valadez, pueden consistir en provocar una colisión, simular un accidente, alterar su mecánica, atribuir daños preexistentes o hacer creer falsamente a otra persona que es responsable y que debe realizar un pago inmediato.
La iniciativa deja claro que un accidente ordinario, una discusión sobre responsabilidades o una diferencia sobre el monto de los daños no constituyen por sí mismos un delito de esta naturaleza.
Para que exista fraude deberán acreditarse la provocación, simulación o manipulación deliberada del hecho, el engaño o aprovechamiento del error, la intención de obtener un lucro indebido y la correspondiente afectación patrimonial.
Uno de los cambios principales es incorporar al Código Penal una modalidad específica de fraude mediante provocación, simulación o manipulación de un hecho de tránsito, con agravantes cuando participen varias personas, se utilicen identificadores vehiculares falsos o alterados o se suplanten determinadas funciones para facilitar el engaño.
La propuesta también establece una diferencia entre fraude y extorsión: si el dinero se obtiene mediante engaño, podrá configurarse el delito de fraude; si se emplea violencia física o moral para exigir el pago, será aplicable la legislación general en materia de extorsión.
Pero las reformas no se limitan al castigo. También plantean un protocolo especializado para que la Policía Vial pueda proteger a posibles víctimas, documentar los hechos, preservar indicios y activar oportunamente a las instituciones competentes.
La atención podrá comenzar desde la propia llamada de auxilio cuando se reporten amenazas, intimidación, persecución, bloqueo, violencia o exigencias económicas relacionadas con un supuesto accidente.
Además, se propone un Módulo de Análisis dentro del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública para identificar posibles recurrencias en vehículos, zonas, horarios o formas de operación.
Este mecanismo no constituirá una “lista negra” ni permitirá presumir la culpabilidad de una persona. Los indicios y patrones tendrán fines preventivos, de análisis, coordinación e inteligencia y no podrán justificar por sí mismos una detención o sanción.
Para la construcción de la iniciativa se analizaron antecedentes de Ciudad de México y Estado de México, así como experiencias internacionales de Nueva York y Reino Unido, donde este tipo de conductas también han generado respuestas legislativas y mecanismos especializados de investigación.
Las reformas contemplan además campañas permanentes para que la ciudadanía conozca señales de alerta, mecanismos para solicitar auxilio y denunciar, así como recomendaciones para actuar de manera segura y evitar confrontaciones.
La propuesta no contempla la creación de nuevas dependencias ni estructuras administrativas, sino aprovechar y articular las capacidades, personal, infraestructura y recursos tecnológicos con los que actualmente cuentan las instituciones de seguridad, tránsito, emergencias y procuración de justicia.
