Con el objetivo de que todos los menores ejerzan sus derechos sociales especialmente el acceso a la seguridad social y sus beneficios, independientemente de si sus padres laboran dentro de la economía formal, la Senadora Claudia Anaya presentó una reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Desde la Tribuna, la legisladora expuso que la seguridad social no debe ser un privilegio exclusivo de quienes laboran en la economía formal y no es justificable que en aras de combatir la corrupción se retiren o menoscaben derechos sociales ya obtenidos, como la prestación de guarderías o estancias infantiles, ya que éstos programas han permitido que padres y madres de familia laboren con tranquilidad durante el día sabiendo que sus hijas e hijos, están seguros en estos inmuebles.

Recordó que el Estado Mexicano tiene la obligación de establecer políticas públicas progresivas, es decir, que se beneficie a un mayor número de personas y “más cuando se trata de niñas y niños, cuyo acceso a los Derechos Humanos esta normado bajo el Principio del Interés Superior de la Niñez, que debe estar por encima de cualquier otra consideración legal, política o económica y mucho menos cuando los perjudicados no son los corruptos, sino las niñas y los niños de México.”

Su iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictaminación.