La diputada María Elena Ortega Cortés expuso la iniciativa por la que se exhorta a la legislatura del Estado a que llame a comparecer al Fiscal General de Justicia para que informe a este Poder Legislativo el estado que guarda la prevención, atención y combate al creciente problema de feminicidio en la entidad, las acciones a implementar para sancionar y erradicar este delito, y para que se dé cuenta de los avances en los casos de los feminicidios de Cintya, San Juana, y los demás sin resolver.

La legisladora argumentó que la prevalencia del feminicidio es la más clara evidencia de que la violencia y la misoginia en contra de las mujeres, es uno de los problemas más actuales y preocupantes en Zacatecas.

La diputada resaltó los esfuerzos realizados por el Poder Legislativo para atender este creciente problema, y recordó que se tipificó el delito de feminicidio para visibilizar la magnitud y consecuencias de la discriminación de género, pero es necesario continuar con el trabajo conjunto para beneficiar a las mujeres zacatecanas y lograr que las instituciones y las leyes cumplan con la finalidad para la que fueron creadas.

Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia

La diputada Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, así como los legisladores Carlos Peña Badillo, Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, y José Luis Medina Lizalde, plantearon la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Con esta reforma se busca la creación de Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución  de los delitos de tortura, desaparición forzada de personas, y desaparición cometida por particulares, mismas que deberán contar con recursos financieros, humanos, materiales, y técnicos especializados y multidisciplinarios que se requieran para su efectiva operación.

Con este instrumento se prevé el andamiaje institucional para dar cumplimiento a las disposiciones generales contempladas, y garantizar las condiciones organizacionales que favorezcan el combate efectivo de dichos delios, mediante la implementación de instancias especializadas.