La diputada del Partido del Trabajo, Renata Ávila, dio lectura a una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Zacatecas en materia de menstruación digna y salud menstrual integral.

La propuesta, detalló Ávila Valadez, reconoce la salud menstrual como un componente fundamental de la salud integral y plantea incorporar en la legislación conceptos como salud menstrual integral, menstruación digna, pobreza y gestión menstruales, con el propósito de que el Estado impulse acciones permanentes de promoción, educación, prevención y generación de información en la materia.

Durante la exposición de motivos destacó que la pobreza menstrual constituye un problema de muchas dimensiones que involucra barreras económicas, educativas, sociales, culturales y de infraestructura que limitan el acceso a información, productos de higiene menstrual, agua potable, saneamiento y servicios de salud.

Renata Ávila aseguró que, de acuerdo con datos de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en México elaborada por UNICEF, el 66 por ciento de las personas menstruantes llegaron a su primera menstruación con poca o ninguna información previa, mientras que el 75 por ciento desconoce las cuatro fases del ciclo menstrual; además, el 31 por ciento de niñas y adolescentes menores de 15 años ha faltado a la escuela durante su periodo menstrual.

Agregó que hay que poner especial atención en la realidad de Zacatecas, donde las condiciones de estrés hídrico y las dificultades de acceso continuo al agua representan un desafío adicional para garantizar una adecuada gestión menstrual.

Entre las modificaciones propuestas por el GPPT, se contempla que la Secretaría de Salud promueva campañas permanentes de información y sensibilización, fortalezca la educación menstrual integral, elabore diagnósticos periódicos sobre salud menstrual y pobreza menstrual, y genere información estadística que permita diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Los promoventes señalaron que ambas propuestas comparten el objetivo de fortalecer las condiciones que permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos, tanto en los espacios digitales como en el acceso a la salud, mediante acciones preventivas, educativas e institucionales que contribuyan a construir entornos más seguros, igualitarios y libres de discriminación.