El día de ayer, Rubén “N”, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual contra una menor de edad. Aunque el caso sigue su curso en los tribunales, preocupa profundamente que lo enfrente en libertad y que el tipo penal haya sido reclasificado, reduciendo significativamente la posible pena.

Aceptar el delito no borra la violencia. Reclasificarlo no lo vuelve menos grave. Y permitir que se cumpla en libertad no repara el daño.

La víctima es una niña. Y cuando se trata de una niña, el delito siempre es grave. Sin matices.

Ante ello, alzo la voz con claridad:

el interés superior de la niñez no es negociable. Está consagrado en el artículo 4º de nuestra Constitución y en los tratados internacionales que México ha suscrito. No es una consigna política. Es una obligación del Estado.

La justicia que no pone en el centro el interés superior de la niñez, no es justicia.

Es simulación.

Es desconfianza.

Es revictimización.

No nos corresponde juzgar, pero sí exigir:

1. Que se garantice un proceso transparente y sin privilegios.

2. Que la víctima reciba protección, acompañamiento y respeto.

3. Que se actúe con plena perspectiva de derechos humanos y de género.

Como legisladora, me sumo al posicionamiento de las colectivas feministas que han exigido justicia. Proteger a las niñas no es un gesto simbólico: es una responsabilidad histórica, ética y legal.

Las niñas tienen derecho a vivir libres de miedo. Y nosotros, la obligación de no mirar hacia otro lado.

Las niñas no se tocan.

Las niñas no se callan.

Las niñas no se reclasifican.

Las niñas no se olvidan.