Al inicio de su mandato, el Gobernador Alejandro Tello dejó en claro que en su administración no se tolerarán ni se solaparán las faltas ni los actos de corrupción y que quien actúe de forma indebida, tendrá que asumir las consecuencias.

Por este motivo, la administración estatal, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que dirige Paula Rey Ortiz Medina, en septiembre de 2017 inició con un programa anticorrupción sustentado en la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Derivado de ello, a través de los distintos mecanismos con los que se dispone, en la administración que encabeza Alejandro Tello se ha inhabilitado a 54 servidores públicos y se han sancionado a 102 trabajadores de todos los niveles, tanto jefes de departamento como directores y personal técnico.

Como órgano estatal de control, esta dependencia se ha dedicado a vigilar que la actuación de todos los servidores públicos se enmarque en la legalidad, que los recursos públicos se optimicen y se ejerzan de acuerdo con las normas para que no haya desvíos ni un mal ejercicio, dijo la Secretaria.

Además, señaló que la SFP también se ha enfocado de forma cabal en detectar, prevenir y sancionar faltas administrativas, así como advertir y, en su caso, denunciar los hechos de corrupción para que se castiguen conforme a la ley.

De acuerdo con la funcionaria estatal, la ciudadanía puede estar tranquila de que en la actual administración no se solapa ningún acto fuera de la ley ni tampoco algún hecho de corrupción y que, si alguien incurre en alguna falta administrativa, tendrá que responder por ello.

Sin embargo, para que las prácticas de corrupción se destierren en la administración pública, se requiere que la ciudadanía sea parte del control social, no sólo en presentar quejas y denuncias, sino también para que se involucre en la transparencia focalizada.

De acuerdo con Paula Rey Ortiz Medina, la ciudadanía puede estar segura que se está luchando para combatir la corrupción, de que no se solaparán malas prácticas y, si algún trabajador de la administración pública comete actos de corrupción o faltas al margen de la ley, deberá ser sancionado.

«El Gobernador no va a meter las manos al fuego por alguien que actúe de manera indebida. Si existen los elementos para sancionar, vamos a actuar en consecuencia. Si existen los elementos de una red de corrupción, nosotros buscaremos la forma de desarticularla, advertirla y sancionarla, ténganlo por seguro», expresó.

La Secretaria de la Función Pública informó que están en curso varios procedimientos administrativos contra servidores de la anterior administración y algunos aún en funciones, tanto secretarios como subsecretarios, personal directivo y técnico, quienes están apercibidos para que solventen observaciones, pero si no lo hacen, podrían ser objeto de sanciones.

Si se comprueba que existen faltas, delitos o hechos de corrupción, se interpondrán las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción o el Tribunal de Justicia Administrativa para que se hagan las investigaciones y se haga la vinculación a proceso.

Recordó que, como parte de las sanciones contra servidores públicos, en la actual administración se realizaron auditorías directas a obras en distintos municipios e instituciones tanto públicas como privadas, y se detectó que algunas de ellas no se ejecutaron, que se elevaron los precios, no se mostraron los contratos o permisos para ampliaciones.

Ello ha tenido como consecuencia, reiteró, la inhabilitación de 54 servidores públicos, que va de los seis meses hasta los 20 años, así como sanciones contra 120 empleados de distintas dependencias y ayuntamientos, más los que aún cargan procedimientos administrativos y de los que tendrán que solventar las observaciones.

Participación ciudadana

Paula Rey Ortiz Medina dejó en claro que, derivado de las denuncias ciudadanas, se han emitido sanciones contra empleados de la administración. Por ello, hizo un llamado a que la sociedad pierda el miedo a denunciar, a que muestre o advierta de los elementos de hechos delictivos.

Si desea hacerlo de forma anónima, la Secretaría de la Función Pública protege y cuida a quienes aportan los elementos; como órgano estatal de control, esta dependencia actuará en consecuencia, si se comprueba, con inhabilitaciones, suspensiones o apercibimientos públicos o privados.

También convocó a los ciudadanos a ser parte de los comités de Contraloría Social en las obras que utilizan recursos federales y estatales, ya que con ellos se empoderan y se involucran en las obras que son para su beneficio.

Destacó como un aspecto fundamental la participación ciudadana para el combate y prevención de hechos de corrupción, ya que si los beneficiarios de las obras, por ejemplo, se organizan y se capacitan, tendrán la facilidad de presentar quejas y denuncias, saber los detalles de las licitaciones y ello generará un impacto positivo para que exijan obras de calidad.

«No sólo se apuesta a revisar los procesos para hacerlos más eficaces, sino también para acabar con los hechos incorrectos, y se busca incidir en el comportamiento de los servidores públicos para que, por convicción, más que por obligación, se destierren los actos de corrupción desde la administración», externó.

La funcionaria reiteró que «este Gobierno está actuando, está sancionando y combatiendo las malas prácticas, y se están generando expedientes que el Tribunal de Justicia Administrativa valorará para aplicar las sanciones correspondientes, y, si se tienen los elementos, se seguirá denunciando penalmente a cualquier funcionario, sea del rango que sea».