De manera unánime los integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron la propuesta de la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre para solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga las indagatorias sobre posibles actos de corrupción cometidos durante la administración del exgobernador, Miguel Alonso Reyes.
“Es un verdadero avance en la lucha contra la impunidad que quienes integramos la Comisión de Justicia, aprobemos solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga las carpetas de investigación en contra del ex gobernador de Zacatecas”, sostuvo la coordinadora del PT en el Senado.
“Confío que en su momento, sin importar filiaciones partidistas, el pleno del Senado de la República se exprese a favor de este punto de acuerdo para que exhorte a la Fiscalía General de la República en investigar a este personaje de dudoso pasado”.
A la Fiscalía General de la República se le solicita que resuelva si ejerce facultad de atracción de las carpetas de investigación con números 6375/2018; 6723/2018; 2540/2017; 204/2018 y 180/2018, actualmente radicadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas por la presunta responsabilidad de diversos delitos.
“Relevante que los senadores de esta comisión acordáramos que no debemos tolerar conductas delictivas que afectan el patrimonio de la sociedad”, sostuvo Geovanna Bañuelos.
En el dictamen de la Comisión de Justicia, los senadores hicieron hincapié en que pasaron dos años sin existir avance de la investigación lo que se puede interpretar como inactividad o ineficiencia por parte de las instituciones de procuración de justicia.
Asimismo, al no investigar a Alonso Reyes, “la autoridad ministerial omitió ejercer su obligación constitucional frente a la comunidad y frente a las víctimas al no proteger sus intereses por lo que se puede considerar que se consintió la impunidad”.
El pasado 7 de febrero, la legisladora de Zacatecas, presentó el punto de acuerdo donde solicita a la recién creada Fiscalía General de la Republica que atraiga las carpetas de investigación contra el exmandatario zacatecano, después de que la extinta Procuraduría General de la República declinara competencia.
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para ser posteriormente votado por el pleno del Senado de la República.