El Diputado Federal Miguel Torres exigió a los diversos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados aplicar su autonomía y aprobar un presupuesto de 56 mil millones de pesos para que, antes del 2027, los Tribunales Superiores de Justicia del país puedan implementar el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares.
En representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) participó en la Reunión de Trabajo con Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas, en la que una veintena de representantes planteó al Legislativo Federal la petición presupuestaria, misma que fue acompañada por el zacatecano, quien argumentó: “El Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares debe ir acompañado de transferencias de recursos federales para su aplicación”.
Durante los trabajos que tuvieron lugar en la Cámara Baja, el zacatecano exhortó a las y los Representantes Populares a asumir su función constitucional de autorizar el presupuesto, puesto que sólo se requiere la voluntad política del oficialismo para hacerlo, ya que se cuenta con los recursos. Y señaló “¡No hay por qué pedir permiso a Gobernación! ¡Es nuestra facultad y hagámosla valer!
La situación inédita de los Tribunales de Justicia de los Estados fue planteada en el marco de la reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la que Miguel Torres es parte, por lo que en su participación señaló que de no concederse los recursos económicos para que a más tardar el 1 de abril del 2027 se aplique el nuevo código, aprobado apenas el pasado abril, lo conveniente sería ampliar el plazo para su puesta en operación.
Miguel Ángel Torres Rosales hizo el planteamiento ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, y de los representantes de los Poderes Judiciales de Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y, su entidad natal, Zacatecas.
Les explicó que existen los recursos para poner en marcha el nuevo código y aclaró que en el 2022 sólo por excedentes petroleros hubo casi 400 mil millones de pesos, lo que se requiere es voluntad. Frente a esa situación, afirmó “quiero expresarles a todas y a todos que, desde el grupo parlamentario del PRD, acompañaremos y haremos las acciones necesarias para que los tribunales cuenten con ese recurso. Debemos discutirlo y ser responsables”.
Torres Rosales se solidarizó con los representantes de las autoridades judiciales, tras escuchar las limitaciones de las que son objeto en sus estados, debido a los recortes presupuestales derivados de la política de “austeridad” del Ejecutivo Federal, por lo que alertaron no poder cumplir con el reto de la aplicación del nuevo Código. En este contexto, el Legislador reprobó el recorte de 14.6 por ciento que Hacienda hizo en abril a los Tribunales estatales. Al concluir indicó: “Hago un llamado hoy a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, a que atendamos el planteamiento que nos formulan en materia presupuestal ¡Forjemos lo necesario para hacer funcional y vigente el Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares