El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad en lo general la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) para la organización de los procesos electorales 2022-2023.

El presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Martín Faz Mora, ponderó que la sencilla idea de que sean las y los propios ciudadanos quienes reciban y cuenten los votos de sus vecinas y vecinos es una de las más importantes garantías de certeza en los resultados electorales.

Por ello, la ECAE 2022-2023constituye “un programa integral que tiene por objeto establecer y estandarizar las tareas centrales en la organización de un proceso electoral en las actividades asociadas a la capacitación electoral, la operación de las casillas y la designación de funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla”.

Precisó que para las elecciones de 2023 en Coahuila y Estado de México del próximo 4 de juniose prevé una participación de aproximadamente 171 mil 297 personas como autoridad electoral en las más de 24 mil Mesas Directivas de Casilla. Para ello, se tendrá que visitar a un millón 900 mil ciudadanas y ciudadanos y se contratarán a más de seis mil 500 Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE).

“El enfoque que ha seguido la autoridad electoral va encaminado a garantizar un plano de igualdad sustancial en el acceso e inclusión de las y los ciudadanos a participar en la integración de las Mesas Directivas deCasilla o como Supervisores o Supervisoras Electorales y Capacitadores Electorales”, señaló la Consejera Dania Ravel Cuevas.

Por ello, la Estrategia incluye medidas que ya se han implementado anteriormente, como la medida afirmativa de inclusión para las personas aspirantes a Supervisores y Capacitadores Electorales con alguna discapacidad, para quienes manifiestan autoadscribirse como personas LGBTTTIQ+, además de que, con base en una sentencia del Tribunal Electoral, se prevé que pueda participar la ciudadanía insaculada con doble nacionalidad que no hable el idioma español.

En su intervención, el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña manifestó su desacuerdo con que el Instituto siga manteniendo el criterio de una edad abierta o indefinida sobre las personas que integren las Mesas Directivas de Casilla y en que se modifiquen sueldos y gastos de campo de las y los CAES y de las y los supervisores, en caso de que haya un recorte al presupuesto que se asigne al INE en la Cámara de Diputados y Diputadas.

“No veo ninguna cuestión desproporcionada, si simplemente ampliamos unos 10 años más esa edad para el universo de ciudadanía sorteada, con lo cual estaríamos pues reconociendo la participación y maximizando derechos, pero sin caer en un extremo que nos ha representado dificultades al ir a buscar a las personas”, detalló al externar su deseo que haya absoluta responsabilidad por las y los diputados federales en la aprobación del presupuesto.

El Consejero Jaime Rivera Velázquez recordó que ya la ley establece restricciones para que quienes actúen como funcionarias o funcionarios de casilla no militen en ningún partido político. “No debería volver de ninguna forma la intromisión de órganos y funciones de gobierno en la organización de las elecciones”.

Por ello, subrayó la validez de los mecanismos de verificación que adopta el Instituto para el cumplimiento del requisito y confío en que “nadie en esta mesa del Consejo General, pretenda introducir por un resquicio reglamentario o por prácticas abiertas o veladas, introducir formas de querer controlar o sesgar la organización de las elecciones a partir de dejar muy laxo el cumplimiento de alguno de los requisitos que han tenido su razón de ser y que debemos seguir salvaguardando”.

El Consejero Ciro Murayama Rendó indicó que la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 es un componente indispensable del diseño y de la operación de elecciones que se apeguen a los principios rectores de la función electoral, en particular, “al de la imparcialidad, certeza e independencia del trabajo que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral para garantizar el voto libre y secreto de la ciudadanía”.