Con el objetivo de armonizar las normas mexicanas anticorrupción al Capítulo de ésta materia en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), la Senadora Claudia Anaya propuso una reforma a la Ley General del Sistema Anticorrupción y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La Senadora Claudia Anaya asegura que uno de los objetivos de este acuerdo comercial tripartita, es inhibir los actos de corrupción a través de la protección a quienes acudan a las autoridades competentes para denunciar las prebendas, uso indebido de funciones o bien, malversación de recursos por parte funcionarios públicos que laceren o lastimen el ambiente de negocios en detrimento del intercambio comercial y la inversión.

Recordó que es importante que nuestro país cumpla con los compromisos normativos internacionales que ha adquirido en este tema como son: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como también, las reformas constitucionales en esta materia, pero reconoció que es necesario fortalecer nuestra legislación para respaldar institucionalmente a quienes denuncian estos ilícitos.

Por lo anterior, la Senadora de la República propone que en el Sistema Nacional Anticorrupción resguarde a los denunciantes no sólo en su persona, sino también a su familia, su trabajo y su patrimonio.

«Urge generar confianza en quienes harán inversiones que generen empleos por medio de la garantía de que el combate a la corrupción no afectará sus inversiones y negocios, en el marco del T-MEC», afirmó la Senadora.

Además propone la posibilidad de realizar denuncias por teléfono o bien, en línea a través de formatos sencillos, ya sea de manera personal, de manera anónima o a través de terceros, todo ello, con el asesoramiento legal que el caso merece.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, las víctimas pagaron un total 12 mil 770 millones de pesos debido a este acto y la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017, a 15 mil 732 en 2019, el 15.7 por ciento del total.

“De fondo, mi propuesta busca proteger a las personas contra represalias en caso de que su identidad sea revelada y brindarle toda la protección y garantía que le brindarán a través del reforzamiento de nuestras normas para darle toda la certidumbre legal con miras a mejorar nuestro ambiente de negocios y recuperar la confianza de los empresarios e inversionistas”, concluyó la Senadora.