El diputado federal Ulises Mejía Haro encabezó su asamblea informativa número 301 desde que asumió la responsabilidad en la Cámara de Diputados. En la comunidad Emancipación, sostuvo un encuentro con productoras y productores del campo para atender sus solicitudes relacionadas con la apertura de los centros de acopio y la comercialización del frijol con precios de garantía.
Durante el diálogo, el legislador señaló que como representantes federales es indispensable brindar acompañamiento a los productores para evitar el intermediarismo que afecta sus ingresos. “Esos coyotes que se aprovechan de nuestros productores pagando las cosechas a precios de hambre están ofreciendo $7 pesos por kilo cuando el precio de garantía en los centros de acopio es de $27. Por eso es importante que estemos acompañándolos en este proceso, para que reciban sus cosechas en tiempo en los centros autorizados y apoyar a los representantes de los programas con las gestiones necesarias para su correcto funcionamiento. Debemos ser facilitadores y un puente de comunicación con las autoridades federales y los productores”, expresó el legislador federal por Morena.
Mejía Haro también expuso los avances de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, destacando que las modificaciones brindarán mayor certeza en la sucesión de concesiones, fortalecerán el vínculo agua-tierra y permitirán impulsar inversiones históricas para tecnificar el riego y aumentar la producción de alimentos.
Explicó que, en torno a esta reforma, se han generado amplios espacios de discusión donde participan legisladores, especialistas y productores agropecuarios. Desde la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria —de la cual forma parte— se han planteado modificaciones orientadas a fortalecer la certeza jurídica, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad hídrica y la protección del derecho humano al agua.
Subrayó que estas propuestas responden a inquietudes expresadas por productores agrícolas y ganaderos, especialistas y las y los propios legisladores, con el objetivo de equilibrar el ejercicio de derechos con la realidad productiva y climática del país. Señaló que cualquier actualización del marco legal debe partir de la premisa de que existe una interdependencia fundamental entre el derecho humano al agua y la producción de alimentos, recordando que “sin agua para el campo no es posible garantizar el derecho humano a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, como mandata el artículo 4º constitucional”.
Asimismo, destacó que esta reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca ordenar las concesiones, combatir el mercado negro y asegurar que el agua sea un derecho y no una mercancía ni un privilegio, consolidándose como un recurso estratégico para el fortalecimiento del campo mexicano.