La LXV Legislatura del Estado de Zacatecas aprobó por unanimidad y como asunto de urgente u obvia resolución un Punto de Acuerdo presentado por la diputada Renata Libertad Ávila Valadez y el diputado Alfredo Femat Bañuelos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión a crear un Fondo Federal de Compensación Patrimonial para Personas Físicas afectadas por daños colaterales derivados del combate al crimen organizado.

La propuesta, leída en tribuna por Ávila Valadez, parte del reconocimiento de que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad pública y combatir a los grupos de delincuencia organizada, sin embargo, también advierte que, en el contexto de estos operativos y de las reacciones violentas de los grupos criminales, personas civiles han sufrido la destrucción o pérdida de su patrimonio, particularmente vehículos utilizados para bloqueos.

La diputada señaló que en muchos de estos casos “las víctimas no tienen ningún vínculo con actividades ilícitas, pero enfrentan la pérdida de bienes que con frecuencia representan su principal herramienta de trabajo o sustento familiar, como ocurre con transportistas, comerciantes, agricultores y habitantes de zonas rurales”.

Asimismo, explicó que actualmente existe un vacío institucional para atender este tipo de daños patrimoniales, ya que los seguros privados suelen excluir eventos vinculados con perturbaciones del orden público, mientras que los mecanismos previstos en la Ley General de Víctimas están enfocados principalmente a la reparación de daños físicos o psicológicos.

Ante esta situación, el Congreso de Zacatecas acordó exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a impulsar la creación de un fondo federal específico que permita compensar a personas físicas afectadas por estos daños.

De igual manera, se llamó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a promover las reformas legales y las asignaciones presupuestarias necesarias para su operación, garantizando procedimientos accesibles y criterios claros de elegibilidad para las víctimas.

La propuesta del GPPT plantea que el fondo pueda financiarse con recursos provenientes de bienes decomisados al crimen organizado y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, con el objetivo de que el Estado responda de manera justa ante los efectos colaterales que la violencia genera sobre la población civil.

Aunado a esto, la Legislatura expresa su solidaridad con las personas que han perdido su patrimonio a causa de la violencia criminal, reiterando el compromiso de impulsar mecanismos institucionales que reconozcan y compensen estos daños.