La justicia electoral no puede llegar tarde. Con ese planteamiento, las y los diputados de Movimiento Ciudadano, Ana María Romo Fonseca y Marco Vinicio Flores Guerrero, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas para fortalecer el Procedimiento Especial Sancionador, con el objetivo de hacer más ágil, eficaz y oportuno el combate a las conductas que vulneran la legalidad y la equidad en los procesos electorales.

La propuesta parte del principio de que el tiempo es un factor determinante en materia electoral y que una resolución emitida después de concluido un proceso democrático pierde capacidad para reparar el daño ocasionado. Por ello, la iniciativa busca evitar retrasos que permitan que las irregularidades impacten el desarrollo de las elecciones y la voluntad ciudadana.

En la exposición de motivos, las y los legisladores señalan que, aunque el modelo vigente ha permitido atender casos relacionados con propaganda ilícita, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de campaña y violencia política contra las mujeres en razón de género, aún existen áreas de oportunidad para garantizar una justicia más pronta y efectiva.

La iniciativa advierte que el esquema actual, donde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas investiga y sustancia los procedimientos mientras el Tribunal únicamente resuelve, puede generar duplicidad de funciones, retrasos en la integración de expedientes y sentencias emitidas incluso después de haber concluido la jornada electoral, cuando las afectaciones a la competencia política ya resultan irreparables.

Entre las principales modificaciones propuestas destaca que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas asuma la tramitación, investigación, sustanciación y resolución del Procedimiento Especial Sancionador y de los asuntos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, concentrando el procedimiento en una sola autoridad para brindar mayor certeza jurídica y reducir tiempos de resolución.

Asimismo, la reforma incorpora nuevas disposiciones para regular los procedimientos sancionadores, fortalecer las medidas cautelares, establecer plazos específicos para la remisión de denuncias y fijar tiempos máximos para la elaboración de los proyectos de resolución, privilegiando la rapidez sin dejar de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.

De igual manera, la propuesta robustece el marco jurídico para atender casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, estableciendo reglas claras para su investigación, sustanciación y resolución, con el propósito de proteger plenamente los derechos político-electorales de las mujeres y fortalecer la participación democrática en condiciones de igualdad.