“El agua no puede utilizarse como una herramienta política”, expresó el diputado federal Carlos Puente Salas durante la “Dominguera” conferencia de prensa que desarrolló este 30 de noviembre en la capital zacatecana, en donde con el dictamen de la Ley de Aguas en mano, desmintió mitos y falsedades que se han creado en torno a la propuesta que la semana entrante se estará discutiendo en el pleno de la Cámara de Diputados.
Puente Salas criticó que grupos políticos opositores al gobierno de la República, estén mal informando a los productores, a quienes les han inventado una serie de mentiras tales como que no se van a renovar concesiones, que el gobierno se quiere apropiar del agua pluvial y que se pretende criminalizar a los trabajadores agrícolas.
El coordinador de la bancada del Verde en la legislatura federal señaló que en la Cámara de Diputados se han sostenido reuniones con diversos productores de quienes se han recabado sus ideas y preocupaciones, mismas que se han plasmado en la propuesta de dictamen a la que se hicieron más de cincuenta modificaciones. “A ellos se les ha hecho saber que esta ley busca terminar con abusos y excesos en los que han incurrido unos cuantos… la Ley fortalece la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas”, apuntó.
Carlos Puente detalló que con la nueva legislación se va a generar certeza, orden y la sustentabilidad del agua para las futuras generaciones. Precisó trece aspectos puntuales que han generado preocupación entre los productores
como el relativo a la retroactividad de la ley. El legislador resaltó que ninguna ley está por encima de la Constitución en donde de manera clara se protege el principio de irretroactividad.
Otro aspecto que desmintió fue el de la presunta imposibilidad de seguir heredando las concesiones. “En el dictamen se contempla que la concesión del agua no termina al momento de la muerte, por lo que se podrá renovar cuando los herederos hagan valer su derecho sucesorio”.
“No existe fundamento alguno para argumentar que el gobierno pretende quitarles el agua a los usuarios”, reiteró ante el mito de que el gobierno quiere robarse el agua de la lluvia; la iniciativa busca fomentar su mejor aprovechamiento para beneficiar a las familias mexicanas y al campo. Aclaró además que tampoco se retirarán concesiones por usar más agua de la permitida en el título de concesión, sólo se establecen reportes anuales para tener una medición real del uso de agua.
Carlos Puente reconoció el valor de la presidenta de la República para abordar este complejo tema que debió impulsarse desde hace al menos tres administraciones. Argumentar que el gobierno pretende quitar el agua a los usuarios es un despropósito, no hay fundamento alguno para sostener esa idea. “El objetivo de la ley es ordenar, transparentar y corregir prácticas que durante años han generado inequidad y abuso en el acceso al agua”, sostuvo. Añadió que existen diversas investigaciones que han documentado casos en los que empresas, intermediarios o particulares acaparan grandes volúmenes de agua, concentrando el recurso en unas cuantas manos y desplazando a pequeños productores, comunidades rurales y usuarios domésticos y es ahí a donde se dirigen los esfuerzos de la ley, ya que además se han identificado múltiples irregularidades como concesiones duplicadas, volúmenes sobre asignados, desvíos ilegales y redes de comercialización del agua que operan sin control.
Insistió en que “la finalidad de la ley no es castigar a los usuarios legítimos, sino evitar los abusos y garantizar la sustentabilidad del recurso para que el agua se distribuya de manera justa y ordenada”.
Carlos Puente mencionó que, para el caso específico de Zacatecas, es indispensable aprovechar el respaldo federal que se tiene para la construcción de la presa Milpillas, obra que representa una magna oportunidad para garantizar el abastecimiento de ese liquido vital en beneficio de miles de familias de esta región.