El diputado local del Partido del Trabajo (PT) Xerardo Ramírez Muñoz, presentó una iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 176 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a fin de regular los permisos y licencias que presentan las diputadas y diputados que por alguna razón no acudan a las sesiones legislativas convocadas.

“La encomienda que se nos confirió como diputadas y diputados, conlleva un derecho y una obligación para desempeñar un puesto en el Poder Legislativo, función que nos otorga el derecho a una retribución monetaria; es por ello que, ante esta circunstancia debemos cumplir a cabalidad con nuestras obligaciones siendo una de ellas la de asistir de manera puntual y regular a las sesiones tanto del pleno como de las comisiones legislativas”, expuso el legislador petista.

La iniciativa propone principalmente que las diputadas y diputados que, por motivo de atención a asuntos relacionados con su distrito no puedan asistir a las sesiones del pleno o de la comisión permanente, o bien, a reunión de comisiones, o no puedan continuar en ellas, deberán dar aviso por escrito a la presidencia, anexando algún medio de prueba convincente.

Además, no se aceptará como justificante el documento que no tenga la firma autógrafa del diputado, a excepción de aquellas causas de fuerza mayor, las cuales deberán ser circunstancias personales de índole familiar, médica o cualquier otra que requieran de su asistencia siempre y cuando se haga constar mediante documento o algún medio de prueba convincente o asista en representación de la Legislatura a eventos oficiales realizados fuera del recinto legislativo.

Ramírez Muñoz resaltó la importancia de que las diputadas y los diputados cumplan con la responsabilidad por la que fueron electos por la gente, pues ante el proceso de transformación que hoy vive el país y Zacatecas, es relevante reivindicar la figura de la o el legislador, garantizar una verdadera productividad legislativa y de gestión y con ello lograr que todas las iniciativas de ley o reforma propuestas tengan un pronto impacto social y jurídico.