El Secretario General del Gobierno del Estado de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, señaló que hay una “profunda corrupción” en los jueces que actúan en colusión con actores políticos opositores para suspender la construcción del viaducto elevado y el progreso de la entidad.
El funcionario cuestionó la imparcialidad de las decisiones emitidas por los jueces involucrados, quienes, a pesar de que el Gobierno de Zacatecas cuenta con los permisos requeridos por instancias federales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), decidieron suspender los trabajos.
Afirmó que los titulares de los Juzgados Segundo y Tercero de Distrito han concedido nueve suspensiones —algunas definitivas, otras provisionales— en respuesta a 14 amparos promovidos por militantes de partidos como Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano; “la corrupción judicial ha alcanzado niveles alarmantes, están usando tecnicismos para bloquear el desarrollo”.
Denunció que “es un caso de politización de la justicia. No es ciudadanía; son menos de 100 personas las que han promovido estos amparos, escudados en el discurso ciudadano para ocultar intereses políticos”.
Explicó que “el Juzgado Segundo y Tercero de Distrito concedieron nueve suspensiones, mientras que el Primero negó cinco, lo que muestra una diferencia de criterios y una profunda colusión entre juzgadores y adversarios políticos”, las suspensiones ignoraron los permisos presentados y evidencian una estrategia para impedir el desarrollo de Zacatecas.
Señaló que esta estrategia judicial no sólo amenaza la ejecución del proyecto de infraestructura más importante de la actual administración, sino también el uso eficiente de recursos públicos; “la estrategia en cascada de los adversarios busca alargar los tiempos para que se pierdan los fondos asignados, no lo vamos a permitir”.
Acompañado por el Coordinador General Jurídico, Ángel Manuel Muñoz Muro, y el Secretario de Obras Públicas, José Luis de la Peña Alonso, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza lamentó que “la irresponsabilidad de los juzgadores” ponga en riesgo el desarrollo del estado, lo que afecta a miles de familias y la cadena de proveeduría local.
“Sabemos que legalmente tenemos la razón, pero el proceso se alargará con más amparos basados en nada, mientras los jueces hacen el juego político a la oposición”.
Reyes Mugüerza, afirmó que, aunque se espera una opinión favorable de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la corrupción judicial ha llevado al Gobierno del Estado y a la empresa constructora a optar por la terminación anticipada del contrato para evitar mayores riesgos al erario público.
La medida, explicó el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, obedece a la necesidad de evitar el congelamiento de recursos y asegurar que la inversión se canalice hacia otras obras del programa Movilidad para el Bienestar.
La terminación del contrato implicará una revisión financiera conjunta con la empresa para establecer condiciones de cierre, sin comprometer el patrimonio público.
Precisó que esta decisión no significa el abandono del proyecto de movilidad, sino su reconfiguración, “los recursos se reasignarán en nuevos proyectos de infraestructura que serán anunciados próximamente por el Gobernador David Monreal Ávila”.
Destacó que, según estudios, en 2027 el boulevard metropolitano colapsará por falta de alternativas viales, como ya advierten estudios del Instituto Politécnico Nacional (IPN), “cuando eso ocurra, la historia juzgará a quienes, por intereses políticos, paralizaron esta obra”.