“La vulneración de datos personales en posesión de autoridades, partidos políticos y órganos autónomos aún existentes constituye una falta grave y no puede, bajo ninguna circunstancia, llevarse a cabo sin el consentimiento expreso de la persona titular de dicha información”, así lo expresó Julieta del Río Venegas, especializa en la materia durante un programa televisivo esta semana.
Los hechos recientes que hemos visto en redes sociales, donde sin ningún pudor se exhiben datos sensibles de jóvenes y diversas personas, resultan alarmantes. La exposición de información como nombres, domicilios o datos familiares no solo es indebida, sino una práctica inaceptable que vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la integridad de quienes se ven afectados.
“Sin la existencia del INAI, es importante recordar que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno cuenta con una Dirección General especializada en la atención de estos casos, ya sea de oficio o mediante denuncia ciudadana. La exposición indebida de datos personales no solo representa una violación directa a derechos fundamentales, sino que también implica riesgos significativos para la integridad y seguridad de las personas afectadas”, afirmó.
Del Río recordó que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales, así como a su acceso, rectificación, cancelación y oposición. La filtración de información sin justificación legal, sin consentimiento y sin medidas de seguridad constituye una violación constitucional que erosiona la confianza ciudadana y debilita el Estado de derecho.
La especialista advirtió que estas prácticas ya han generado consecuencias particularmente preocupantes. Se han documentado casos en los que las personas afectadas han enfrentado hostigamiento en sus domicilios e incluso han considerado abandonar el país para proteger a sus familias, un escenario que calificó como inaceptable en una democracia.
“La legislación en materia de protección de datos existe precisamente para prevenir estos abusos. En consecuencia, es indispensable que las leyes se respeten y que las instituciones responsables de hacerlas valer actúen con oportunidad, transparencia e imparcialidad”, afirmó Del Río.
Finalmente, urgió a detener de inmediato cualquier filtración de datos personales, investigar y sancionar a quienes vulneren la ley y fortalecer los protocolos de protección, especialmente en entornos digitales. “La protección de la privacidad es un pilar esencial para un país que aspira a vivir plenamente bajo un auténtico Estado de derecho” finalizó.