Garantizar que ninguna niña o niño tenga que estudiar en una escuela sin agua potable es el objetivo de la iniciativa presentada por el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero, de Movimiento Ciudadano, mediante la cual propone reformar el artículo 101 de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, para establecer con claridad las responsabilidades de los gobiernos estatal y municipales en el financiamiento y prestación de los servicios básicos en los planteles públicos.

El legislador señaló que el acceso al agua es una de las causas fundamentales de Movimiento Ciudadano, y destacó que esta propuesta surge de escuchar directamente a madres, padres de familia y comunidades escolares durante el trabajo territorial.

Explicó que una problemática recurrente es la falta de claridad sobre qué autoridad debe asumir el pago del servicio de agua potable en las escuelas. Esta situación ha provocado que diversos planteles acumulen adeudos con los organismos operadores, enfrenten dificultades para cubrirlos e incluso sufran interrupciones en el suministro.

Como ejemplo, mencionó la problemática que enfrentan diversos planteles educativos del municipio de Loreto, Zacatecas, entre ellos los preescolares Vasco de Quiroga, Profesora María Elena Montoya de Espinoza, Federico Froebel y María Montessori; así como las primarias Club de Leones, Manuel Rangel Martínez, Ramón López Velarde, Jaime Torres Bodet, José Vasconcelos y Belisario Domínguez, cuyas comunidades escolares han realizado gestiones prolongadas ante los adeudos acumulados por el servicio de agua potable, sin lograr soluciones definitivas.

Flores Guerrero advirtió que el problema tiene su origen, en buena medida, en la ambigüedad del artículo 101 de la legislación vigente, que contempla la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, pero no define con suficiente precisión sus responsabilidades financieras y administrativas.

“No podemos permitir que, por una ley ambigua, ninguna autoridad se haga responsable. El agua potable en las escuelas no puede depender de la capacidad económica de madres y padres de familia, ni de gestiones interminables; es una obligación del Estado garantizarla”, sostuvo.

La iniciativa propone establecer que los gobiernos estatal y municipales destinen recursos específicos para el mantenimiento y pago de servicios públicos en los planteles. Además, plantea que la Secretaría de Educación asuma expresamente la responsabilidad de destinar recursos para cubrir el agua potable y la energía eléctrica en las escuelas de educación básica, así como promover tarifas preferenciales, descuentos o estímulos ante los organismos operadores.

El diputado enfatizó que garantizar el derecho a la educación también significa asegurar condiciones dignas, saludables y seguras para aprender. Finalmente, reiteró que Movimiento Ciudadano seguirá impulsando soluciones construidas desde el territorio, con obligaciones institucionales claras y recursos suficientes, porque el acceso al agua potable en las escuelas no es un favor ni una concesión: es un derecho de nuestras niñas y niños