El diputado Alfredo Femat Bañuelos, presidente de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en la LXV legislatura, cuestionó el destino de los 300 millones de pesos que se estima recaudar durante 2026 por concepto del impuesto ecológico y llamó a revisar su marco jurídico para garantizar que estos recursos se destinen a prevenir, mitigar y remediar los daños ambientales en Zacatecas.
Durante la comparecencia de Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), en el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, el legislador advirtió que uno de los principales problemas de Zacatecas y del país es la ausencia de una cultura de prevención, situación que también se refleja en las decisiones presupuestales de las instituciones públicas.
Femat Bañuelos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), recordó que desde el inicio de la actual Legislatura ha solicitado información sobre la recaudación y el destino del impuesto ecológico, sin obtener respuestas suficientemente claras.
Señaló que durante la comparecencia de la Secretaría de Finanzas se reconoció una recaudación estimada de 300 millones de pesos, pero se argumentó que parte de esos recursos se destinan a salud y otros rubros.
El diputado, cuestionó esta distribución y sostuvo que es necesario garantizar que los ingresos derivados del impuesto cumplan con su finalidad ambiental.
En particular, expuso la situación del relleno sanitario intermunicipal, que recibe alrededor de 250 toneladas diarias de residuos y enfrenta dificultades financieras y operativas que podrían derivar en su clausura.
Recordó que desde hace un año se solicitaron cinco millones de pesos para atender esta problemática, cantidad equivalente a menos del dos por ciento de la recaudación estimada del impuesto ecológico.
Femat Bañuelos cuestionó que, pese a la gravedad del problema y a la participación del Gobierno del Estado en el organismo intermunicipal, no se hayan destinado los recursos necesarios para prevenir una posible emergencia ambiental y sanitaria.
Asimismo, señaló que la comunidad de Chaparrosa enfrenta problemas de disposición de residuos sólidos, agravados por la llegada de aproximadamente siete mil trabajadores temporales durante las temporadas agrícolas, lo que incrementa la demanda de servicios e infraestructura sanitaria.
En materia hídrica, expresó su preocupación por la información presentada durante la comparecencia respecto de las condiciones de 20 de los 34 acuíferos del estado.
Reconoció también la importancia del inventario de emisiones contaminantes, que permitirá contar con indicadores científicos para conocer los niveles de contaminación y orientar las políticas públicas.
No obstante, subrayó que estos instrumentos requieren presupuesto sostenido, un marco normativo adecuado y corresponsabilidad entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El legislador reconoció la disposición de la titular de SAMA y de su equipo de trabajo, así como el acompañamiento brindado a distintas comunidades, pero sostuvo que la insuficiencia presupuestal limita su capacidad de respuesta.
Finalmente, Alfredo Femat planteó la necesidad de revisar el sustento jurídico del impuesto ecológico y transparentar el destino de sus recursos, a fin de que la política ambiental deje de concentrarse en atender las consecuencias de la contaminación y privilegie la prevención.
“El gobierno estatal debe privilegiar la prevención de los daños ambientales y revisar el destino legal y presupuestal del impuesto ecológico”, concluyó.