Durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, ante el Pleno de la LXV Legislatura, el diputado Jesús “Chuy” Badillo Méndez centró su participación en uno de los temas más sensibles para Zacatecas: las personas desaparecidas y la situación que enfrentan las madres y familias buscadoras.

La comparecencia de Reyes Mugüerza abrió los trabajos de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, ejercicio mediante el cual las y los diputados analizan y cuestionan los resultados presentados por la administración estatal.

Al iniciar su intervención, Badillo afirmó la complejidad de encabezar la Secretaría General de Gobierno y la responsabilidad que mantiene en materia de política interior, diálogo con municipios, organizaciones sociales y distintos sectores, sin embargo, señaló que existen asuntos en los que la evaluación de los resultados debe partir también de la realidad que enfrentan directamente las familias.

El legislador dedicó su participación a las madres buscadoras, a quienes reconoció que detrás de cada expediente existe una persona y una familia que espera respuestas.

“Una búsqueda puede contabilizarse como una acción, pero para una familia el resultado solamente llega cuando encuentra a su ser querido, por eso necesitamos saber cuántas de estas acciones se están convirtiendo realmente en localizaciones y respuestas para las familias”, planteó Badillo.

El diputado reconoció la puesta en marcha del Programa Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, elaborado con participación de familias y colectivos y orientado a fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas, así como la coordinación entre instituciones.

No obstante, cuestionó al secretario sobre cuántas personas han sido efectivamente localizadas durante el último año, cuántas fueron encontradas con vida y cuántas identificadas sin vida, además de preguntar cuántas familias han logrado obtener certeza sobre el paradero de sus seres queridos como consecuencia de las acciones gubernamentales.

Otro de los puntos planteados por Chuy Badillo fue la seguridad de las propias madres, padres y familiares que participan directamente en las búsquedas, al advertir que en ocasiones deben ingresar a zonas que representan riesgos para su integridad.

“No podemos pedirle a una madre que busque a su hijo y, al mismo tiempo, permitir que ponga en riesgo su propia vida, el Estado tiene que acompañarlas y protegerlas antes, durante y después de cada búsqueda”, señaló.

En respuesta, Rodrigo Reyes Mugüerza informó ante el Pleno que durante el año se han realizado 905 búsquedas y sostuvo que se registra una disminución del 55 por ciento en personas desaparecidas o no localizadas. El secretario coincidió en que la evaluación no debe limitarse únicamente al número de acciones realizadas.

Respecto a la protección de las familias buscadoras, Reyes Mugüerza explicó que se mantienen reuniones periódicas con los colectivos y señaló que durante las búsquedas existe un esquema de seguridad en el que participan diferentes corporaciones acuerdo con su respuesta, intervienen elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército, aunque reconoció que existen colectivos que realizan actividades de búsqueda de manera independiente.

Chuy Badillo llevó finalmente el cuestionamiento hacia el cierre de la actual administración y pidió establecer compromisos medibles en localización, identificación, atención a las familias y protección de quienes participan en las búsquedas, más allá de contabilizar jornadas u operativos.

“Estamos entrando en la última etapa de esta administración y las familias necesitan saber cuál será el resultado que se pretende alcanzar. No solamente cuántas veces se salió a buscar, sino cuántas personas pudieron regresar a casa o cuántas familias finalmente pudieron conocer la verdad”, expresó.

Ante el cuestionamiento, el secretario general de Gobierno sostuvo que la meta y el compromiso de la administración estatal es que no exista ninguna persona desaparecida en Zacatecas.

Badillo Méndez consideró que ese objetivo obliga a mantener el tema como una prioridad y a evaluar permanentemente si las estrategias implementadas están generando resultados concretos para las víctimas indirectas.

“Las madres buscadoras no están pidiendo privilegios ellas piden algo elemental: saber dónde están sus hijos, esa responsabilidad no puede haber colores ni diferencias políticas. Gobierno, instituciones y Poder Legislativo tenemos que hacer nuestra parte para que ninguna familia tenga que enfrentar sola una búsqueda”, concluyó.