Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad republicana y la eliminación de privilegios, en Zacatecas crece el debate público por la asignación de apoyos para vivienda a funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado, mismos que, de acuerdo con la información difundida públicamente, superan los 600 mil pesos por beneficiario, situación que ha generado cuestionamientos y llamados a transparentar el uso de los recursos públicos.

Ante este escenario, el Coordinador Operativo Estatal de Movimiento Ciudadano, Juan del Real Sánchez, sostuvo que la ciudadanía merece respuestas claras y una administración congruente con el discurso de austeridad.

«Los zacatecanos hacemos enormes sacrificios para comprar una vivienda. Hay trabajadores, emprendedores, comerciantes, productores y profesionistas que durante décadas pagan un crédito hipotecario con intereses elevados.

Mientras tanto, hoy conocemos que funcionarios de primer nivel recibieron apoyos para vivienda por montos superiores a los 600 mil pesos. Es legítimo preguntar por qué quienes ya perciben los salarios más altos reciben este tipo de beneficios cuando miles de familias siguen esperando oportunidades similares», expresó.

Juan del Real afirmó que el verdadero debate no debe centrarse únicamente en la existencia del programa, sino en la congruencia entre el discurso político y las decisiones gubernamentales.

«Cuando un gobierno habla de eliminar privilegios, debe cuidar que todas sus acciones sean coherentes con ese mensaje. La confianza ciudadana se construye con transparencia, no con explicaciones tardías.»

Por su parte, el Delegado Estatal de Movimiento Ciudadano, Pepe Haro de la Torre, señaló que el debate de fondo no es quiénes recibieron los apoyos, sino el mensaje que se envía a la ciudadanía cuando un gobierno que se dice austero destina recursos públicos para beneficiar a funcionarios de primer nivel.

«Los nombres y los montos ya son del conocimiento público. La verdadera discusión es si esa era la prioridad para Zacatecas. Miles de familias trabajadoras, emprendedores, productores y comerciantes enfrentan enormes dificultades para acceder a una vivienda digna, mientras servidores públicos recibieron apoyos superiores a los 600 mil pesos. Ese contraste es el que lastima a la ciudadanía», afirmó.

Pepe Haro agregó que toda política pública debe garantizar que los recursos públicos sean recuperados conforme a las condiciones establecidas y que nunca exista la percepción de que puedan convertirse en beneficios extraordinarios al término de una administración.

«La austeridad no puede ser un discurso para unos y una excepción para otros. Los gobiernos deben predicar con el ejemplo y administrar el dinero de las y los zacatecanos con absoluta responsabilidad. Lo que la gente exige es congruencia entre lo que se promete y lo que se hace», concluyó.

Juan del Real y Pepe Haro coincidieron en que la única manera de terminar con esta polémica es transparentando completamente el programa: explicar por qué se otorgaron estos apoyos, cómo fueron asignados, bajo qué reglas de operación, qué criterios se aplicaron para seleccionar a los beneficiarios y cuáles son las condiciones para recuperar esos recursos públicos.

«Si los apoyos fueron entregados conforme a la ley, el Gobierno debe demostrarlo con documentos y máxima transparencia. Pero si existió discrecionalidad o un uso indebido de recursos públicos, lo correcto es que ese dinero sea reintegrado al patrimonio de las y los zacatecanos y destinado a quienes realmente necesitan apoyo para acceder a una vivienda. La austeridad se demuestra con hechos, no con discursos», concluyeron.