El 20 de marzo de 2026 se cumple un año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo autónomo que, desde su creación en 2014 y su entrada en operación en 2015, se consolidó como la principal institución garante de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en México.

Durante su vida institucional, desde la creación del entonces IFAI y posteriormente con la autonomía del INAI, se registraron 10 millones 387 mil 492 solicitudes de acceso a la información. Asimismo, se desarrolló y consolidó la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que actualmente cuenta con 15 millones 607 mil 708 mil 133 registros de obligaciones de transparencia cargados en todo el país.

Al respecto, la ex comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, señaló que, con la entrada en vigor de las nuevas leyes en materia de transparencia y protección de datos, se esperaba que los nuevos organismos mantuvieran y fortalecieran estos derechos; sin embargo, la realidad muestra un panorama distinto. Entre los cambios más relevantes de este último año destaca el uso más frecuente de la figura de “información reservada” por parte del gobierno.

El funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) también ha registrado cambios, a pesar de ser una herramienta fundamental para la sociedad. La PNT concentra información de instituciones públicas federales, estatales y municipales. Cuando estaba bajo resguardo del INAI, contaba con un buscador general —desarrollado por personal especializado— que permitía localizar información en los distintos módulos de la plataforma, así como revisar respuestas a solicitudes y consultar resoluciones derivadas de recursos de revisión.

“A un año de la desaparición del INAI, al realizar diversas consultas en la PNT se observan deficiencias en su funcionamiento, información incompleta y, en ocasiones, fallas en las búsquedas. Diversos cambios realizados a la plataforma, algunos entendibles por los ajustes derivados de la nueva legislación, han afectado su operatividad y accesibilidad”, advirtió.

Indicó que organizaciones civiles, periodistas y ciudadanos han reportado problemas graves, entre ellos la ausencia de archivos que previamente estaban disponibles.

En el extinto INAI, el acceso a recursos y resoluciones era directo, estructurado y exhaustivo, mediante la sección principal “Resoluciones del Pleno”, que incluía clasificaciones por sector, explicaciones del procedimiento, una sala de prensa con tabla cronológica de comunicados, claves, resúmenes y archivos PDF descargables de cada resolución, además de la mención explícita al mecanismo PROSAN y enlaces al Sistema Nacional de Transparencia. La sección de Micrositios complementaba esta información con un enfoque temático especializado.

En contraste, el organismo Transparencia para el Pueblo proporciona un acceso indirecto a través de su directorio (como el cargo de Director General de Recursos de Revisión y de Inconformidad), así como menciones en comunicados a lineamientos, porcentajes históricos y acuerdos publicados en el DOF; sin embargo, no presenta un listado individual ni una tabla pública de resoluciones específicas en su página principal.

Al revisar las cifras publicadas en su portal, se reporta el ingreso de 5 mil 991 recursos y la resolución de 4 mil 610. No obstante, estas resoluciones únicamente se muestran de forma gráfica para los meses de enero y febrero, a pesar de que Transparencia para el Pueblo inició operaciones en junio del año pasado. Además, la información se encuentra desactualizada, ya que al cierre de marzo no se cuenta con datos del segundo semestre de 2025, lo que impide conocer qué ocurrió con los recursos presentados por la sociedad en ese periodo.

La ex comisionada también señaló que el mecanismo de revisión cambió de forma significativa. Antes, cuando una autoridad negaba información, el ciudadano podía recurrir ante un órgano colegiado autónomo; hoy, el recurso se presenta ante un órgano que depende de una Secretaría de Estado del Poder Ejecutivo.

“Esto representa un cambio profundo en el equilibrio institucional. En la práctica, las resoluciones rara vez favorecen a los ciudadanos, y ahora el acceso a la información se ha judicializado, generando como consecuencia que las personas deban recurrir con mayor frecuencia al juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación como vía principal para la tutela de estos derechos”.

Lo anterior implica un cambio sustancial, ya que el acceso a la justicia en esta materia se vuelve más complejo, técnico y costoso, en comparación con el modelo anterior, donde existía una instancia especializada, accesible y relativamente expedita para la resolución de controversias.

En el ámbito estatal, explicó que la mayoría de las entidades federativas delegaron las funciones de los organismos autónomos de transparencia y protección de datos personales a direcciones adscritas a sus contralorías. En otros casos, se crearon organismos desconcentrados que no cuentan con facultades ni con una autonomía equivalente a los institutos que fueron extintos.

Incluso, señaló que, a un año de la reforma, algunas entidades no han implementado plenamente estas estructuras, lo que ha generado vacíos importantes en la atención de solicitudes de información y en la protección de datos personales.

Del Río Venegas advirtió también sobre un incremento en las vulneraciones de datos personales tanto en el sector público como en el privado. “Nunca antes se habían observado tantas filtraciones y uso indebido de información personal”, afirmó.

Recordó que anteriormente el INAI supervisaba y sancionaba a bancos, aseguradoras, plataformas de comercio electrónico y autoridades que vulneraban los derechos de los ciudadanos. Hoy, en cambio, los fraudes en línea, el uso indebido de bases de datos y las llamadas de extorsión se han vuelto cada vez más frecuentes. Algunas empresas han advertido que, en los últimos años, los reportes por robo de identidad en México aumentaron en un 40%.

Otro aspecto preocupante, dijo, es el uso creciente de reservas de información en asuntos de alto interés público, como ocurrió con información relacionada con el accidente del Tren Interoceánico, la cual fue clasificada bajo argumentos de seguridad sin que el nuevo organismo desconcentrado haya ordenado su apertura.

También señaló que recientemente se han difundido portales con información sobre gastos vinculados con obras del Mundial de Fútbol, cuando dichos datos deberían estar disponibles de oficio en la PNT como parte de las obligaciones de transparencia.

“Lo mismo ocurrió con la información sobre pensionados: se presentó públicamente con fines mediáticos, cuando en realidad es información que debe publicarse por obligación de transparencia”, subrayó.

En ese sentido, advirtió que se está generando un doble estándar: por un lado, se reserva información sin pruebas claras de daño real y, por otro, se presume públicamente información que ya debería ser accesible de manera permanente.

“Esto genera la percepción de que la transparencia se aplica a conveniencia política”, afirmó. Finalmente, Julieta del Río Venegas llamó a una reflexión sobre el futuro de estos derechos.

“A un año de la desaparición del INAI, la transparencia y la protección de datos personales no pueden depender de la buena voluntad de los funcionarios ni de ajustes tecnológicos que limiten el acceso a la información”, mencionó.

“El modelo de garantía de este derecho que se propuso implementar con las reformas realizadas no ha superado la prueba a la que fue sometido. Ello, más allá de instituciones, impacta en las personas y sus derechos. Sigamos impulsando la mejora de este nuevo diseño institucional a favor de la sociedad y, si resulta insuficiente, no temamos proponer su rediseño y relanzamiento”, finalizó.