El GPPRD en la Cámara de Diputados exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir su mandato como Presidente del Consejo de Seguridad Nacional y garantizar, en tal carácter, que los actores políticos no tengan vínculos con la delincuencia organizada o les brinden cobertura.

Además le demandó presentar, en su caso, las denuncias correspondientes e implementar acciones inmediatas para evitarlo, principalmente en el caso de Michoacán, cuyo actual gobernador, Silvano Aureoles Conejo, señaló a su sucesor, Alfredo Ramírez Bedolla, y a su partido, Morena, de tener vínculos con organizaciones delictivas, por lo que de asumir, formarían un “narcogobierno”.

La bancada del Partido del Sol Azteca recordó que, luego de las acusaciones de Aureoles Conejo, el Presidente López Obrador le solicitó presentar pruebas, por lo cual aquél acudió a Palacio Nacional para entregárselas personalmente.

Sin embargo, “en un acto inusitado de soberbia y descortesía política e institucional, el Presidente de la República no recibió al gobernador Aureoles, dejando en claro que su discurso de imparcialidad, justicia e integridad no son más que puros dichos”, reclamó el GPPRD.

Aclaróque, por ley, el Presidente López Obrador tiene obligaciones respecto a la Nación, una de las cuales es precisamente la detección de redes de corrupción entre la delincuencia organizada y los políticos para establecer mecanismos de protección ilegales con miras a garantizar su operatividad.

“No podemos dejar de señalar que el avance en este tipo de relaciones ilícitas resulta por demás preocupante y constituye, sin duda, una amenaza real y objetiva a la integridad de nuestro país y a su seguridad nacional”, advirtió el GPPRD.

En este tenor, reiteró su exigencia al Presidente de abandonar su actuación como jefe de partido político y generar, en cambio, mecanismos indispensables para contrarrestar el avance corruptor de la delincuencia organizada.

Le recordaron que sus obligaciones como Presidente del Consejo de Seguridad Nacional son independientes de las que desarrollan las instancias de investigación, procuración e impartición de justicia, por lo cual debe recibir del gobernador Aureoles las pruebas sobre la corrupción de Ramírez Bedolla y actuar en consecuencia.

“Tiene una responsabilidad constitucional y legal, y, consecuentemente, desde el Grupo Parlamentario del PRD le exigimos que cumpla con su mandato, con el objeto único de garantizar la seguridad y la integridad de las y los michoacanos”, expresaron las y los diputados perredistas.

Le recordaron que los grupos del crimen organizado se han vinculado con todos los gobiernos de los tres niveles y de todos los colores políticos en los últimos 30 años, con lo cual, además de control territorial y cobertura política, acceden a recursos públicos e información privilegiada.

Agregaron que, tras la reciente jornada electoral, los enfrentamientos y la violencia entre estos grupos criminales derivó también en agresión creciente contra la población civil, la cual se vio revictimizada por la desacertada actuación de autoridades policiales y ministeriales, como en Tamaulipas.

“Esta situación se ha visto también en Michoacán, en donde algunos grupos de la delincuencia organizada se han visto desplazados y buscan, a través de acciones violentas, la recuperación de sus plazas”, alertaron.