El Consejo General aprobó por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para el Ejercicio Fiscal del año 2021, por un monto total de 20 mil 463 millones de pesos de acuerdo con la siguiente distribución:

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2021 del Instituto, se llevó a cabo uno de los ejercicios deliberativos de revisión y ajustes más importantes en la historia de esta autoridad electoral.

“Cada peso incluido en el anteproyecto que está a nuestra consideración fue detenidamente evaluado con soportes documentales y a la luz de la experiencia institucional adquirida en cada materia, y con base en ello fue ajustado al máximo para evitar que el compromiso con la austeridad que hemos asumido comprometa la capacidad técnica de las áreas ejecutivas y técnicas del INE”, dijo.

Córdova aseguró que la solicitud de recursos del INE para el próximo año refleja su compromiso con la racionalidad presupuestal y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, el cual ha sido asumido por parte de todas las áreas del Instituto.

Muestra de ello, es que el monto total de los recursos solicitados por el INE para 2021 representa únicamente 32 centavos de cada 100 pesos del presupuesto público para el próximo año, uno menos de lo que ocurrió hace tres años.

Además, no obstante que la elección del 2021 es notoriamente mayor a la del 2018, el presupuesto solicitado por el INE solamente se incrementa en un tres por ciento sin contar el costo que suponen las medidas sanitarias de COVID-19 que ascienden a 378 millones de pesos en agregado.

El Presidente del INE argumentó que, a pesar del crecimiento de la Lista Nominal, el costo por elector disminuye de 89.47 pesos a 86.32 pesos; una reducción del 3.5 por ciento, considerando el total de recursos solicitados para las elecciones.

“Con los recursos presupuestales solicitados, además de organizar las elecciones, el INE seguirá cumpliendo con los fines sociales que constitucional y legalmente tiene encomendados, así seguiremos proporcionando el documento de identidad a más de 15 millones de mexicanas y mexicanos el próximo año”.

Por su parte, el Consejero Ciro Murayama, Presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, afirmó que el presupuesto se ha elaborado con base a tres criterios: responsabilidad, racionalidad y respeto.

“Responsable porque se hace cargo del obligado cumplimiento de las atribuciones constitucionales de INE, no se pondrá en riesgo el derecho al voto libre y secreto, y responsable también con la salud de funcionarios y electores. Racional porque disminuye el costo unitario por elector y contribuye así a un uso razonable de los recursos públicos. Respetuoso con la estabilidad de las finanzas públicas y los contribuyentes, pues el peso del presupuesto operativo del INE dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación pasará de 33 centavos en 2018 por cada 100 pesos a 32 centavos por cada 100 pesos en 2021”.

Murayama destacó que la elección de 2021 se caracterizará por tres elementos de la mayor relevancia: uno, la expansión acelerada del padrón de electores, 5.8 millones más que en 2018; dos, la concurrencia electoral que ordena la celebración de los comicios en una misma fecha, 32 elecciones locales, y en tercer lugar, la situación de pandemia que afecta a todas las sociedades; tres condiciones que afectan la conformación de presupuesto del Instituto.

“México vive una coyuntura delicada, precisamente en ella es indispensable salvaguardar los derechos políticos de la ciudadanía, asegurar el voto libre y secreto, así como la renovación pacífica del poder. Es una inversión en estabilidad democrática y económica que conviene a partidos, gobierno y ciudadanos”.

La Consejera Carla Humphrey señaló que el INE debe ser garante del derecho a la buena administración, a la integridad electoral y a vivir en un ambiente libre de corrupción.

Igualmente hizo propuestas como esclarecer el destino de los remanentes y economías; abrir un diálogo institucional sobre los fideicomisos del INE, en especial el Fondo para atender el pasivo laboral y el Fondo para el cumplimiento de Infraestructura Inmobiliaria; considerar un Comité Técnico asesor de expertos para el acompañamiento y análisis presupuestal; así como hacer permanente la Comisión de Presupuesto o crear una nueva Comisión de mejora y desarrollo institucional.

Con lo anterior coincidió el Consejero Martín Faz, quien anunció su acuerdo en lo general con el proyecto de presupuesto, pero consideró necesario un espacio en el que se le dé seguimiento.

“Estoy convencido que el Consejo General debe crear o procurar algún otro espacio de seguimiento permanente del presupuesto, además de la Junta General Ejecutiva, que nos permita un verdadero análisis sobre el ejercicio del gasto y no solamente sobre el proyecto o el presupuesto para el año siguiente, que permita medir la eficacia de los proyectos y la correspondencia entre lo presupuestado y lo ejecutado”.

El Consejero Jaime Rivera explicó que la magnitud de recursos financieros que requiere el INE es proporcional a la dimensión de sus atribuciones. “Es un hecho reconocido internacionalmente que las atribuciones que la ley le otorga al INE no se limitan a las funciones que comúnmente corresponden a una autoridad electoral. El INE, como antes el IFE, tiene que cumplir con un abanico de funciones que en otros países suelen estar distribuidos en diferentes organismos públicos”.

“No puede decirse si un presupuesto es suficiente o insuficiente, necesario o excesivo si no se tienen en cuenta todas las obligaciones que un organismo del Estado como el INE tiene que cumplir”.

El proyecto de presupuesto, mencionó Rivera, es producto de un trabajo meticuloso, realista, basado en la experiencia y con un sentido claro de responsabilidad ante México. El INE no puede dejar de cumplir las atribuciones que las leyes y la Constitución le confieren, porque involucran hacer efectivos derechos ciudadanos fundamentales.

La Consejera Norma De la Cruz aseveró que los recursos destinados a fortalecer nuestra democracia siempre serán bien invertidos.

“A días de comenzar las elecciones más grandes de nuestra historia es necesario revisar a qué nos vamos a dirigir y cómo vamos a ejercer los recursos públicos de este Instituto y, en su caso realizar ajustes al presupuesto, bajo un sentido de responsabilidad y compresión de la realidad actual”.

Garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento óptimo del INE es fundamental, agregó, para la vida democrática del país, “no hacerlo puede tener el costo de socavar la confianza de la ciudadanía en el INE, y poner en riesgo la credibilidad de los procesos electorales, su legitimidad y la paz social”.

La Consejera Adriana Favela señaló que el proyecto de presupuesto “refleja el esfuerzo del Instituto para programar las actividades esenciales y la ejecución de proyectos con apego a los principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria”, además de que permitirá que el INE desarrolle, con los recursos mínimos e indispensables, las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas como la organización del proceso electoral más grande de la historia del país.

Expuso que, en las elecciones federales y las concurrentes en 32 entidades federativas, se renovarán 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones locales, mil 926 presidencias municipales, dos mil 122 sindicaturas, 15 mil 107 regidurías y 635 juntas municipales, que implican un total de 21 mil 368 cargos de elección popular que se disputarán en 2021.

La Consejera Dania Ravel destacó que el presupuesto que será destinado exclusivamente a las tareas de preparación de los comicios, federal y locales, representa el 40 por ciento de la totalidad del presupuesto solicitado y casi 87 por ciento de la Cartera Institucional de Proyectos.

Para 2021 –añadió- no habrá aumentos salariales reales al personal del INE, con la excepción de las 6 mil 39 personas que trabajan en los Módulos de Atención Ciudadana. Ello, “con la finalidad de garantizar, ante una inminente crisis económica, condiciones de vida digna a nuestras trabajadoras y trabajadores que menos ganan y que atienden diariamente a miles de ciudadanos y ciudadanas”.

El Consejero José Roberto Ruiz refirió que la situación laboral de las y los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE requiere ser regularizada.

“No obstante, de ser una actividad permanente, esencial y emblemática para la función del Instituto, las personas que trabajan en los módulos se encuentran en un régimen laboral semi-regular bajo la figura de honorarios permanentes y no con plaza presupuestal”.

Esta diferencia se traduce en que quienes laboran bajo este régimen no gocen de prestaciones como ayuda para alimentos, vales de fin de año, prima quinquenal, gastos funerarios e indemnización por fallecimiento, entre muchos otros y el INE no puede seguir postergando el cabal cumplimiento de sus derechos, por lo que propuso incorporar un considerando para incluir una política de basificación multianual de dicho personal.

Por su parte, el Consejero Uuc-kib Espadas destacó que el respeto de los derechos laborales no tiene que tener sentido administrativo, “los derechos laborales no son una opción, son un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para lograrlos, entre otras cosas, se hizo una revolución en este país”.

Sería sumamente importante que el día de hoy, dijo, no pase a la historia de este Instituto, como el día en que algunos trabajadores tuvieron la enorme posibilidad de que sus derechos laborales fueran reconocidos en términos de la Constitución.

Por ello llamó a iniciar un proceso de regularización laboral del Instituto que durará varios años, pero que es ineludible, legal, humana y moralmente.

La Consejera Claudia Zavala explicó que desde 2014, debido a las necesidades de la institución, se ha contado con un régimen de honorarios asimilados a salarios que generaron las condiciones mínimas laborales.

No obstante, se pronunció en favor de iniciar un diálogo colegiado que permita emprender acciones y comprometer recursos para mejores condiciones laborales de las y los trabajadores del Instituto.