El hacinamiento en las cárceles sumado a la falta de disponibilidad de servicios básicos como el agua en el 70% de éstos, pone en riesgo a las personas privadas de la libertad frente al coronavirus y más allá de la liberación de población penitenciaria, la Senadora Claudia Anaya propuso reforzar las medidas sanitarias y eficientar los procesos judiciales de quienes se encuentran ahora presos sin sentencia a través de una reforma a la  Ley Nacional de Ejecución Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud.

Su propuesta, subraya la obligación de las autoridades judiciales de respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, entre ellas, preservar su dignidad y su salud, así como cumplir con los compromisos internacionales signados por nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas plasmadas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y  del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, donde queda establecido con claridad la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario.

Además recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó el pasado 30 de marzo a las autoridades responsables, se proveyeran las medidas para atender los efectos de la contingencia sanitaria producida por la epidemia del covid-19, acorde con la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Sin embargo, para la Senadora es indispensable y necesario que haya una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que queden plenamente asentadas las obligaciones para que en caso de alguna pandemia, las autoridades puedan actuar y tomar todas las medidas preventivas y de mitigación sanitaria, destacando entre ellas, adelantar el beneficio de la libertad condicional a quienes se encuentren a menos de tres meses de cumplir la mitad de la sentencia siempre que no hayan cometido delitos graves, o bien, la persona se encuentre en condición de vulnerabilidad por edad avanzada, condición de salud, discapacidad, embarazo, lactancia o maternidad de hijos menores de cinco años.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales, propone que mientras exista una epidemia sanitaria, los Jueces solo concedan la prisión preventiva en casos excepcionales, cuando la seguridad de las víctimas este comprometida y usen otras medidas cautelares para evitar así la sobrepoblación de las cárceles donde el distanciamiento social sea una condición para mantener protegida la salud.

Respecto a la Ley General de Salud, la Senadora plantea incluir a la población penitenciaria para que los encargados de los centros de readaptación, informen a las autoridades sanitarias, sobre el número de personas contagiadas así como a tomar medidas de exclusión de los enfermos para evitar la propagación de las epidemias.

Por último, la Senadora afirmó que la Ley de Aministía tiene objetivos nobles, como liberar mujeres y campesinos acusados de narcotráfico, pero éste no es el momento de llevarla a cabo porque “no resolvería el tema de fondo, que es liberar del hacinamiento a las cárceles, porque finalmente, quedan dentro muchísimas personas sin sentencia y sin servicios fundamentales como el agua, tan vital para mantener su salud en medio de una pandemia como el coronavirus”.

“La iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, se centra en contados tipos penales de competencia federal, mientras que mi propuesta, se centra en todas las personas recluídas en el país, en respetar sus derechos fundamentales y preservar su salud a través de la atención y la protección de la población penitenciaria y si hubiere acciones colectivas, las personas exclusadas, estarían en su casa en 48 horas”, subrayó.