La senadora Geovanna Bañuelos y el senador Miguel Ángel Lucero Olivas condenaron el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón y demandaron al Gobierno de Puebla dar celeridad a la investigación y llevar ante la justicia a los responsables.
“Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) condenamos el asesinato de Cecilia Monzón Pérez. Reconocemos su lucha y su activismo por la defensa de los derechos de las mujeres”, señaló Geovanna Bañuelos.
El integrante del GPPT destacó que Ceci, como era conocida, dedicó su vida a defender casos de mujeres en situaciones de violencia o abuso; además de evidenciar las omisiones del sistema penal y fallas en la justicia que se cometen en contra de aquellas que forman parte de la esfera política en Puebla.
“Por su destacada labor social se ganó el cariño de la gente. Siempre estuvo del lado de las mujeres, siempre preocupada por los casos de violencia machista y por procurar la justicia para las mujeres víctimas de ella”, mencionó.
Geovanna Bañuelos, lamentó que el pasado 21 de mayo fuera asesinada en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, a pesar de que con anterioridad Cecilia Monzón había solicitado protección a las autoridades ante amenazas a su vida.
“De acuerdo con los hechos, fue un ataque directo llevado a cabo por dos sujetos a bordo de una motocicleta”, especificó la senadora.
La legisladora por Zacatecas subrayó que este caso resalta la esfera de violencia en la que tristemente las mujeres, activistas y defensores de derechos humanos se encuentran en México.
Tan sólo, apuntó, en Oaxaca han sido asesinados tres defensores de derechos humanos en 13 días. El lunes pasado un grupo armado asesinó a balazos al activista Humberto Valdovinos Fuentes, defensor del territorio, de los derechos indígenas y del pueblo afromexicano.
Mientras que el 21 de mayo también fue asesinado Emanuel Camacho Morán, integrante del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y asesor jurídico del municipio de Mesones Hidalgo, cuando viajaba en su vehículo en Putla Villa de Guerrero.
Y el 12 de mayo pasado fue ejecutado Luciano Pérez Martínez, en Santiago Juxtlahuaca, por lo que fueron suspendidas las mesas de diálogo para el retorno de los desplazados de Tierra Blanca.
“La defensa de los derechos humanos es necesaria: ninguna persona puede estar por encima de otra vulnerando su dignidad o incluso su vida. No se puede permitir pasar por alto el feminicidio de ninguna mujer ni defensor”, aseveró Geovanna Bañuelos
Por lo que, en un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, solicitó a la Fiscalía General de la República, así como a sus homólogas de las 32 entidades, redoblar esfuerzos para asegurar la seguridad e integridad física de todos los defensores de derechos humanos.
“La deuda que tiene esta nación hacia con las mujeres se sigue ampliando. Es tiempo de actuar y frenar los feminicidios, no permitamos que se sigan silenciando las voces de quienes con su fuerza y valentía defienden los derechos humanos”, concluyó.