ALERTAN SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO Y VULNERACIÓN DE DATOS PERSONALES EN PROCESO ELECTORAL

El confinamiento ocasionado por la pandemia hará que el proceso electoral 2021 se desarrolle principalmente en el terreno digital, una esfera proclive a la violencia de género y a la vulneración de datos personales, por lo que hoy más que nunca es urgente la necesidad de conocer las herramientas para protegerlos, aseguró Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En la conferencia magistral “La protección de datos personales de las mujeres para evitar la violencia política”, Del Río Venegas aseguró que, a pesar de la existencia de instrumentos internacionales para combatir la discriminación, el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, que representan el 48% del padrón electoral, no está plenamente garantizado.

De acuerdo con la encuesta intercensal elaborada por el INEGI en 2015, las mujeres no tienen total autonomía para realizar sus actividades sociales y políticas. Los resultados mostraron que 21% de ellas piden permiso a su pareja o algún familiar, para participar en actividades comunitarias y casi 8% no tiene autonomía para decidir por quién votar. La cifra se eleva a 15.8% de mujeres que hablan una lengua indígena y piden permiso para decidir por quién votar.

Además, las mujeres que participan en la esfera política, sea como aspirantes a un puesto de elección popular o como servidoras públicas, son más proclives a ser víctimas de violencia política por razones de género.

“La información falsa está a la orden del día en los medios digitales y su forma de propagación es alta; reproducir información falsa o filtrar datos sensibles de las aspirantes vulnera la esfera privada, algo que parece tener mayor mercado cuando se trata de mujeres porque la denigra de diferentes formas, por ejemplo, haciéndole parecer que no es  inteligente para un cargo público, que no tiene el tiempo suficiente para estar con su familia o que no sabe hacer nada que no sea hacer labores en casa”, dijo durante su participación en el foro virtual “La protección de datos personales de las mujeres que participan por cargos de elección popular durante el proceso electoral 2021 en el Estado de México”, como parte de las actividades realizadas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Un ejemplo claro, expuso, ocurrió durante el proceso electoral de 2019, cuando un grupo de personas en Isla Mujeres repartió volantes en los que se ofrecían servicios sexuales con el número telefónico de una precandidata. Por esta acción, el Tribunal Electoral sancionó a un servidor público y a dos de sus familiares.

El funcionario fue sancionado con una multa de 5 mil 322 pesos, además de que fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, uno de los instrumentos que se crearon a raíz de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que permanecerá hasta el 23 de enero de 2025.

El registro, elaborado por el Instituto Nacional Electoral, compila, sistematiza y hace pública la información relativa a ciudadanos que fueron sancionados por conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades.

Explicó que, de acuerdo con información actualizada al 4 de marzo de este año, hay 20 personas sancionadas por violencia política por razones de género, de las que 16 son hombres. Las agresiones ocurrieron en Campeche (5); Quintana Roo (4); Veracruz (4); Yucatán (4); Hidalgo (1); Oaxaca (1); Querétaro (1); Sonora (1) y Tabasco (1). En cinco casos, los agresores son servidores públicos y en otros cinco tienen un cargo de elección popular.

Los medios de comunicación, dijo, juegan un papel fundamental, para propagar o extinguir este tipo de violencia, con el tratamiento de los datos personales y el enfoque empleado al momento de presentar a la ciudadanía sobre la vida privada de las candidatas, información que nada tiene que ver con su participación en el proceso electoral.

La comisionada aseguró que La “Ley Olimpia”, que tipifica y sanciona la violencia digital, es otro instrumento para combatir las campañas negras por razones de género contra las mujeres en época electoral. La ley Olimpia ya es una realidad en 25 estados del país.

La comisionada, responsable de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, se pronunció por realizar un trabajo permanente y coordinado con la sociedad civil organizada, instituciones y gobiernos para promover la promoción de los derechos políticos electorales de las mujeres y la protección de datos personales.

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